EL IMPUESTO LÓGICO Y LAS PROPUESTAS ERRADAS
En nuestro esfuerzo por informar a la sociedad ecuatoriana respecto de los temas económicos relacionados con la crisis actual, el Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo (CESDE), y la Facultad de Emprendimiento, Negocios y Economía de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES), abrimos esta ventana de comunicación con la colectividad, esperando que nuestro pensamiento e ideas contribuyan al mejor entendimiento de los problemas económicos y sociales que se derivan de la actual crisis.
Los temas económicos son muchas veces intuitivos, pero las más de las veces, cuando de diseñar soluciones se trata, las acciones a tomar resultan ser contraintuitivas. El activismo en la política económica debe ser sustentado en una enorme dosis de conocimiento y respeto al mercado. Toda acción tiene una reacción – el famoso corsi recorsi del universo se aplica a la política económica – y demanda un análisis exhaustivo respecto de quienes son los afectados y quienes los beneficiados.
Este tema es de crucial importancia no solo por equidad, sino por razones de viabilidad política, efectividad de las medidas, y, en general, por el discernimiento de la relación beneficio/costo de la política económica. Es necesario tener objetivos claramente definidos, conocer el origen y destino de los recursos, evaluar el impacto social y económico de las transferencias que se generan, aprovechar la oportunidad y lograr beneficios adecuados en el tiempo, y tener plena consciencia de la presencia o ausencia de alternativas.
- El impuesto lógico
El drama económico mundial que ha sido generado por el SARS-Cov2, más conocido como el Corona Virus (CV), ha promovido la puesta en vigencia de programas y acciones que, basados en la ejecución de políticas fiscales y monetarias, finalmente están haciendo llegar recursos a la gente, aportes para subsistencias de empresas, y líneas de crédito para el sostenimiento de los puestos de trabajo.
Estas acciones no han sido hechas a través de más impuestos, sino a través del impulso fiscal, sea tomando de reservas existentes o a través de emisión de deuda, y de la ampliación del crédito interno neto de los bancos centrales y sistemas financieros.
La receta económica, no más impuestos pero sí al impulso fiscal y monetario, lamentablemente, no es aplicable al Ecuador de 2020, cuya economía se encuentra en una grave fase recesiva y cuyo clima político está severamente fragmentado. En ausencia de recursos externos que llenen la brecha existente, no se puede emitir deuda, no hay crédito disponible del Banco Central ni tiene éste reservas líquidas de ninguna clase, y, para cerrar el círculo, no existe espacio en la caja fiscal aquejada por un abrumador déficit antes de que ocurriera el colapso provocado por el coronavirus.
El gobierno pide “que los más ricos colaboren”. Siendo conceptualmente correcto, el enunciado no es tampoco aplicable o conveniente. La reacción a la iniciativa gubernamental de crear, según expresiones de voceros, impuestos a las pérdidas y al empleo puede parecer exagerada, pero no lo es debido a la situación crítica de las empresas en un amplio espectro de actividades y tamaños, y a la crisis proverbial del empleo, cuya generación se ha visto disminuida en el ciclo de la economía recesiva.
En estas circunstancias de adversidad, el discurso oficial se traduce en la propuesta de que las empresas que ganaron más de un millón de dólares el año anterior, deben contribuir con un impuesto, revestido del eufemismo (lamentablemente abusado) de la solidaridad. El impuesto propuesto viola los principios ya enumerados de eficiencia, solvencia técnica y sustentabilidad. La discrecionalidad es una práctica muy pobre en el diseño de la política económica pues se basa en la arbitrariedad, condición que está divorciada de la razón y la equidad. Más aún, técnicamente es improcedente asumir que existe alguna suerte de garantía que respalde el que una empresa que el año anterior ganó más de un millón de dólares, este año lo vuelva a hacer: no va a ocurrir. Hay productores-exportadores que están en esa situación; hoteles que permanecerán vacíos y deberán cerrar; aerolíneas que no tendrán donde volar; compañías de construcción y desarrolladores inmobiliarios cuyos proyectos se habrán visto postergados indefinidamente; empresas comerciales y de importación, vendedoras de vehículos, importadoras de licores, y organizadoras de eventos cuyo giro de negocio ha quedado anulado por tiempo incierto.
La lista puede llenar muchas páginas. Por lo tanto, ese impuesto, podría ser el golpe de gracia en estos momentos en los que muchas empresas se ven forzadas a encontrar la manera de sobrevivir y cómo soportar sus pérdidas.
Dicho lo anterior, proponemos el impuesto que sí es correcto en estos momentos, técnicamente conocido como el “windfall profits tax”: esto es, un impuesto a las ganancias inesperadas.
En toda conmoción económica hay una mayoría de perdedores, pero también hay ganadores. En nuestra circunstancia presente, hay empresas como las de telefonía y servicios de internet, las empresas de distribución y mensajería en línea, distribución de alimentos, manufactura y distribución de medicinas y toda suerte de insumos médicos, entre otras, las que debido a las condiciones específicas creadas por el corona virus, fuere por el confinamiento y la necesidad de comunicarse a distancia o por la demanda de medicinas y equipos médicos requeridos por la epidemia, han hecho utilidades excepcionales y podrán mantenerse en espacios estelares de rendimiento en la medida que se establezca un nuevo “normal” de convivencia social.
Esa utilidad sí puede ser demandada por la sociedad para ser redistribuida precisamente a quienes son las víctimas de la situación que generó la inesperada utilidad.
El windfall profit tax o impuesto a las utilidades inesperadas fue creado en 1980 por el presidente Carter, al observar las utilidades excepcionales que se originaron en las dramáticas subidas del precio del petróleo y favorecieron a las grandes petroleras. Un ejemplo claro del concepto es el impuesto a los ganadores de lotería; si alguien gana los famosos acumulados de los EEUU, que son el “Powerball” y el “Megamillions” tiene que pagar un impuesto a esa ganancia, que es obviamente inesperada. Si el ganador invierte su dinero y lo pierde, no paga impuesto a la renta después. Si el ganador invierte su dinero y le genera utilidad, pagará impuesto sobre esas utilidades, pero previamente el Estado le gravó esa “ganancia inesperada”.
Este impuesto tiene sentido y es el que rápidamente se debería estudiar y adoptar en nuestro país.
2. Propuestas seriamente erradas
Por la lógica angustia que produce una crisis como la actual, están circulando propuestas tanto emitidas por profesionales independientes, cuanto por entidades públicas y privadas, que llegan a la Asamblea Nacional. En esas propuestas hay tres errores fundamentales sobre los cuales deseamos comentar:
Primero, pagar a la burocracia con dinero electrónico u otra moneda paralela. Esto es lo mismo que firmar la partida de defunción de la dolarización. Hay una ley monetaria cuyo tenor fue articulado por Sir Thomas Gresham en el siglo XVI y que se resume en el principio que “el dinero malo saca de circulación al dinero bueno”. Cuando dos monedas de curso legal circulan y una de ellas es considerada “buena” y la otra “mala” la mala se convertirá en dominante. Los agentes de mercado preferirán guardar su moneda apreciada y usar la que es considerada inferior para llevar a cabo sus transacciones. La ley de Gresham nos indica con claridad qué puede pasar cuando ocurre cualquier forzada consistencia entre dos monedas. Puede ser sencillo resolver el problema monetario inflando la economía, pero ello trae consigo el dislocamiento total de la sociedad, afecta perversamente el bienestar de los más vulnerables y ahonda las desigualdades.
Segundo, que el Banco Central otorgue “créditos de reactivación” Esta propuesta, ha merecido inclusive el apoyo de la Asamblea nacional. El Banco Central de Ecuador (BCE), debemos estar conscientes, tiene una “brecha” muy seria de recursos, de aproximadamente ocho mil millones de dólares, lo que configura un problema que ha sido denunciado y advertido por algunos analistas y durante mucho tiempo, y que es el producto de la irresponsable política económica de los años 2014-2017.
¿Por qué se produjo?
Porque teniendo el BCE activos y pasivos líquidos, es decir dólares reales, el dispendio fiscal llevó a que el Estado le entregara bonos que no se pueden vender ni colocar interna o externamente, lo que causó el despojó de liquidez del BCE. Aparte de esta seria violación de buenas prácticas, debemos dejar claro que aun cuando el BCE tuviese sus estados financieros en orden, con posiciones equivalentes de liquidez en sus activos y pasivos, el régimen dolarizado no permite ese tipo de transacciones. Las mismas son posibles solamente si el BCE acumula un patrimonio positivo, es decir, si sus activos líquidos son mayores que los depósitos y puede usar sus excedentes para comprar papeles dentro del curso de sus operaciones de mercado abierto.
En las actuales circunstancias, la propuesta constituye un serio contrasentido.
Tercero, forzar la creación de líneas de crédito con las reservas de liquidez de la banca producirá la viralización del único sector que mantiene una posición sana en la economía. En los choques sistémicos de 1982-83 y 1998-99 las burbujas crediticias subyacentes se originaron en la banca. En 2017-19 el vector de la desestabilización se lo halla en el sector fiscal y su poder infecto-contagioso es de alta virulencia. Los bancos, debe quedar claro, son custodios del dinero del público, y esos dineros han sido manejados en forma prudente desde el inicio mismo de la dolarización. Pretender que las reservas de liquidez pasen a un fideicomiso y que los bancos reciban a cambio de ello bonos del Estado es una operación virtualmente idéntica a la que el gobierno anterior hizo con el Banco Central y a la cual nos referimos previamente. Se restará la liquidez del sistema financiero; se pondrá en serio riesgo la solvencia de la banca, y se creará el caldo de cultivo para la destrucción del régimen monetario imperante.
3. Lo que se requiere
Ecuador necesita, con sentido de urgencia extrema, recursos del exterior. Se necesita subir los saldos en su “chequera” de dolarización y recuperar en forma clara los niveles de liquidez que permitan que la economía pueda crecer. La sociedad ecuatoriana debe entender que el gran esfuerzo a desplegar es conseguir recursos del exterior; traer “dinero fresco” mientras nos recuperamos de esta calamidad pues la única manera de generar medios de pago y de sostener la cadena productiva es con el concurso de los capitales externos.
Al mismo tiempo, y a fin de facilitar la obtención de capitales externos, en el frente interno es menester emprender la tarea de reconformar el aparato gubernamental y estatal para darle sustento y permanencia a la tarea impostergable del desarrollo económico y social. Aparte de su tamaño fuera de toda proporción, el fisco ecuatoriano tiene dos taras que constituyen un lastre pesado para la economía toda: la tara más pesada es el subsidio a los combustibles que es financiado con recursos de endeudamiento pues permanentemente presiona contra el gasto; la otra tara la constituye una organización empresarial constituida por una veintena de entes que han acumulado en exceso de $5,000 millones en déficit operativos en el último quinquenio.
Lo primero se resuelve desmantelando el subsidio de combustibles que se ha enquistado en la siquis colectiva por cinco décadas; pueden configurarse las excepciones a la regla alrededor del transporte público y compensarse con bajas substanciales a los aranceles que pesan sobre los vehículos, las partes, piezas y repuestos.
Para lo segundo hay que diseñar y proponer una serie de opciones que permitan cerrar aquellas empresas que solo causan pérdidas; delegar la administración y manejo de otras de suerte que adquieran las estructuras y adopten los controles de la empresa privada; y concesionar los servicios de todas aquellas que requieran ingentes infusiones de capital y tecnología. No hay razón alguna por la cual las EP no puedan ofertar paquetes accionarios al mercado si pueden demostrar que son entes eficientes en condiciones de mercados competitivos y no simples botines políticos del gobierno de turno.
